Por Fernando Martín Schvartz
Gerente departamental de Negocios Fiduciarios
Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Argentina

Publicado originalmente en ALIDE

El mercado de capitales tiene la función de asignar el ahorro de la economía a la inversión productiva de la forma más eficiente y con el menor costo, y es el canal natural que tienen el sector público, y las pequeñas, medianas y grandes empresas para financiarse en el mediano y largo plazo, mediante (i) la emisión de deuda, conocida como renta fija, por ser la misma determinable o fácilmente determinable, con independencia de la marcha de la emisora; y (ii) la emisión de acciones, abriendo el capital de la firma y confiriendo participación societaria, conocida como renta variable, por estar condicionada a los dividendos que genere o no la actividad social durante el curso de su ejercicio anual, tipo de emisión, esta última, de privativo acceso para el Estado.

En este contexto, a partir de 1995, y con fuerzas renovadas luego de 2002, comenzó a proliferar en la Argentina de manera importante, el llamado mercado de deuda, el cual, en estos últimos años, ha venido manteniendo un crecimiento paulatino y constante.

Pero, lamentablemente, cuando hablamos del mercado de capitales argentino, todos los índices de medición nos llevan directamente a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, quedando totalmente relegadas las bolsas de comercio de Rosario, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, y sus respectivos mercados de valores adheridos.

El crecimiento de los países viene de la mano, entre otras cosas, por su vocación productiva, desarrollada por el sector privado e incentivado por el público – como es el caso de los Fondos de Inversión Directa (FID) agrícolas en el interior del país–, o a la inversa, desarrollada por el sector público y apoyada por el privado, como sucede con los Fideicomisos Públicos para Obras de Infraestructura Municipal. Lo que habría que agregar es que si esto se produce de forma descentralizada, permite generar riqueza localmente y elevar el nivel de vida de sus pobladores.

Por ello, la sinergia generada entre el sector público y privado, conducida mediante estructuras idóneas de financiamiento y organización de negocios, y sustentada por un buen plan de negocios, genera un modelo de negocio productivo, sólido y equilibrado, pero es importante que el mismo sea pensado desde lo regional hacia lo central, con el impacto que ello implica de forma directa e indirecta en la faz económica, política y social de cualquier país. Con ello se cerraría este círculo virtuoso, con la consiguiente cotización de los valores negociables emitidos en cuestión en cada una de las bolsas de comercio cabecera de región, y se desarrollaría el mercado secundario.

La Ley 24.441 , en sus escasos 26 artículos del Título 1, regula el fideicomiso, y lo convierte en una figura extremadamente flexible, lo que genera la gran ventaja de poder estructurar negocios de la más variada gama y complejidad, incluidos los fideicomisos públicos y los FID, pero por otro lado, y dada su escueta redacción, la desventaja de no tener claramente determinados los límites jurídicos a los cuales puede llegar, dicha responsabilidad recae en la cabeza del estructurador, y este tiene por sustento los usos y costumbres comerciales y la influencia subsidiaria del derecho como una integralidad.

FIDEICOMISOS AGRÍCOLAS

En los últimos años, el sector agrícola viene siendo uno de los motores de crecimiento de algunas de las provincias del interior de nuestro país, y es en dicho sector en donde a mayor escala se vienen estructurando y desarrollando los FID, bajo la instrumentación de los fideicomisos agrícolas con oferta pública o privada de sus títulos.

Los FID son una alternativa invalorable que podemos usar para llevar a cabo dicho crecimiento, ya que tienen por objeto el desarrollo de una actividad productiva específica, en beneficio de sus inversores, para lo cual se conforma un patrimonio separado de estos, todo ello organizado mediante la celebración de un contrato de fideicomiso.

Para entender cómo funcionan estos fideicomisos agrícolas bajo la estructura de un FID, hay que remitirse a su antecesor, el pool de siembra, que con aquella herramienta jurídico financiera logró una evolución sustancial, y mejoró el nivel de seguridad que obtiene el inversor, ya que el fideicomiso regula todo el negocio, de principio a fin, a la medida de los interesados, con el consiguiente encapsulamiento de los bienes o activos aportados por los participantes al negocio, aislándolos del riesgo que cada uno de los integrantes del negocio puede llegar a generar en forma individual.

Ahora, si hablamos de la versión más sofisticada de los fideicomisos, es decir, el fideicomiso financiero, el nivel de seguridad y transparencia automáticamente se eleva a su máxima expresión. Además, le agrega a las contribuciones hechas por el fideicomiso ordinario un incremento ostensible en el nivel de control que ejercen los instrumentos jurídicos que regulan el negocio, y a los participantes, mediante el doble control, público y privado, que caracteriza a la dinámica y funcionamiento del mercado de capitales, todo ello en beneficio y salvaguarda de los aportantes del dinero al sistema, es decir, de los inversores.

Es decir, que por un lado, tenemos el control público, realizado por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y las entidades autorreguladas, con todo su andamiaje jurídico, basado en leyes, decretos, resoluciones generales, reglamentos, normas y resoluciones, que legislan, regulan y reglamentan el funcionamiento del mercado de capitales, y por el otro, contamos con el control privado, realizado por las calificadoras de riesgo, que valoran y asignan una calificación de estándares internacionales a los valores fiduciarios emitidos por el fideicomiso, cuya valoración es monitoreada durante toda la vida del fideicomiso, el auditor contable, cuya función es auditar en forma directa al fiduciario financiero en el desempeño de su tarea, y por último, el auditor técnico, cuya función es auditar al operador en el ejercicio de su trabajo en campo.

Es decir, que en este tipo de contexto, el inversor no está valorando invertir en el Equity o la deuda emitida por una empresa, o en un título público, sino en un verdadero plan de negocios productivo, conformado como una inversión de riesgo previsible y calculada, lo suficientemente acotado para generar la viabilidad y sustentabilidad del negocio, realizado de forma exhaustiva por profesionales idóneos en el tema, y organizado mediante la estructuración de un fideicomiso, ordinario o financiero.

Por lo tanto, el inversor es un partícipe activo y fundamental en este tipo de proyectos, estructurados bajo el formato de FID, porque aporta el dinero para que los profesionales, a cargo de la ejecución del proyecto, y prestadores de servicios, con el dinero de aquellos, lleven adelante el negocio ofrecido.

Es decir, que de acuerdo con el aporte de cada uno, en mayor o menor medida, los inversores son los dueños de este tipo de emprendimientos, por eso, si las cosas funcionan bien, además de la tasa, se llevan la rentabilidad del proyecto.

FIDEICOMISOS PARA INFRAESTRUCTURA

Por otro lado, uno de los puntos infaltables en la agenda de los intendentes de las provincias es resolver la postergación que sufren los municipios en la ejecución de obras de infraestructura, ya sea por una mala administración de los fondos públicos, o por un problema financiero, a causa del crecimiento que están teniendo los municipios, debido a que la pujanza económica de la región es mayor que la asignación del presupuesto que se destina para acompañar dicho crecimiento.

Cuando hablamos de financiamiento municipal, nos referimos a un endeudamiento responsable, que tome dinero vía el mercado de capitales para un proyecto determinado con capacidad de repago, y que realice una excelente administración y una rendición de cuentas periódica del uso de ese dinero, y que tenga un control externo adecuado, siendo un elemento muy importante la condición de que el intendente que tomó el préstamo lo devuelva, de ser posible, antes de la finalización de su período de gobierno.

Atento el crecimiento que actualmente tiene una gran cantidad de municipios en las provincias de Argentina, algunos de sus gobiernos tuvieron la convicción de dar un paso delante respecto de los sistemas de financiamiento públicos tradicionales, históricamente librados a la buena o mala relación con la administración pública nacional o provincial de turno.

Ante la necesidad de realizar obras de infraestructura de forma más agresiva, se organizaron y estructuraron fideicomisos públicos, para tomar dinero y aplicarlo en la ejecución de estas, integrando nuevos contribuyentes al acervo municipal, y generando los ingresos necesarios para que el municipio cancele, en forma dilatada, los compromisos asumidos con los inversores que financiaron la obra municipal, con más de una tasa de mercado, la cual debería quedar absorbida por el uso eficiente que haga el municipio de ese dinero.

Asimismo, la instrumentación de este modelo se perfecciona al colocar los títulos de deuda entre los mismos empresarios y vecinos del municipio, fidelizados con el crecimiento de su ciudad, y que al apoyar al municipio obtienen, a su vez, una rentabilidad garantizada por la buena administración y gestión del municipio, al que se añade las bondades que provee la estructuración del fideicomiso público.

Como se observa, este sistema de financiamiento regional cerrado, estructurado y organizado mediante una variada gama de instrumentos jurídico-financieros, vía el mercado de capitales, está desarrollado para lograr autosuficiencia municipal. Es decir, el municipio determina la obra de infraestructura con repago. El dinero para su ejecución lo ponen los ciudadanos del municipio. La obra se licita entre empresas de la ciudad, generando rentabilidad y mano de obra real. La compra de los materiales para la construcción de las obras se realiza entre los empresarios de la ciudad. Se ejecuta la obra. Se le cobra a los frentistas. La rentabilidad del préstamo se la llevan los inversores/vecinos. Los vecinos marginados por falta de recursos ingresan dentro del sistema de calles asfaltadas, cloacas, gas, etcétera. Y el municipio crece con obras de infraestructura.

Como se advierte, este tipo proyectos de inversión financiados de forma responsable y bien gerenciados, generan cadenas de valor y riqueza en las economías regionales donde se desarrollan.

En conclusión, en las economías regionales de nuestro país, al igual que en cualquier lugar del mundo, encontramos sujetos con excedentes económicos, y sectores carentes de los mismos, pero con capacidad para invertirlos y volverlos rentables, generando riqueza para la región. En tanto el mercado de capitales busca proveer de manera eficiente y directa, la asignación del ahorro de la economía a la inversión productiva de las empresas y del Estado, estructurando productos a la medida de las necesidades de las emisoras y las exigencias de los inversores.

Los modelos de actividad productiva desarrollados en este artículo, son sustentables porque además de proveerle al sistema la formalidad, control y transparencia que otorga el mercado de capitales, aborda de forma exitosa uno de los problemas esenciales del financiamiento: la reducción de la asimetría de la información entre las partes (emisor e inversor).

Esto a su vez genera un doble efecto: por un lado, que la variable riesgo/rentabilidad se vea altamente beneficiada al momento de ser valorada por el inversor, poco propenso a este tipo de inversiones, debido a que cuenta con un conocimiento director y mucho más cercano de la empresa o el municipio (y de los que los gobiernan, es decir, directores e intendentes), haciendo una valoración directa y minuciosa del riesgo que asume al prestarles su dinero; y por otro, se otorga a las empresas de la región y sus municipios la posibilidad de tomar deuda del sector privado a tasas y plazos que en un mercado foráneo les sería imposible colocar.

Como se observa, conviven tomadores y prestadores en un mismo ámbito territorial, y quedan condicionados los deudores, por una probable condena social, ante un potencial incumplimiento, con lo que se provee al sistema de una responsabilidad y transparencia irrefutable, consiguiendo lo que valores negociables extranjeros, aunque con buena calificación, o hasta valores negociables de grandes empresas radicadas en otras provincias, jamás lograrían proporcionar.

Por ello, también se fortalece de forma considerable, la decisión de inversión en los tipos de productos estructurados en el mercado de capitales de nuestro país, que normalmente se haya fuertemente influenciada por el bajo nivel de protección institucional y legal que el inversor percibe al financiar de forma directa al sector público y privado argentino.